El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, tiene clara la única salida que puede frenar la ola de homicidios que azota Costa Rica desde 2022 y el crecimiento de la criminalidad que se apodera del país: la medida urgente es el control territorial por parte de la policía.
Los resultados lo demuestran: recientes intervenciones de la policía judicial en Batán, Limón, Puntarenas y Alajuelita han conseguido reducir a cero los asesinatos mientras los agentes mantienen su presencia en alguna zona determinada.
“Ya ha quedado demostrado con cuatro intervenciones que ha hecho el OIJ: una en Limón centro el año pasado, una en Puntarenas en julio del año pasado, y otra muy evidente en los barrios del sur, estamos hablando de Hatillos, Desamparados y Alajuelita. Estuvimos ahí 22 días y no hubo un solo homicidio. Después, estuvimos en Batán un mes y 21 días, y no hubo un solo homicidio. Es más, el día que nos retiramos de Batán, que fue el viernes en la noche, se dieron homicidios los días siguientes, sábado y domingo”, indicó el jerarca en entrevista con CR Hoy.
Otro ejemplo de la efectividad de esta medida es la reducción de un 40% de los delitos en la zona, justamente durante ese operativo en la comunidad de Matina, Limón, gracias a un gran despliegue de los agentes judiciales a inicios de año, en horario continuo y especialmente en horas de la noche.
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Sin embargo, la presencia policial permanente no está dentro de las funciones del OIJ, sino que le corresponde a la Fuerza Pública y a los demás cuerpos adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, institución del gobierno central. Pese a los operativos especiales que ejecuta el Organismo y al apoyo que brinda, la falta de recursos, los altos costos y la necesidad de avanzar con las investigaciones de delitos impiden que extiendan prolongadamente ese control territorial.
“Aquí el tema de control territorial que se tiene que ejercer evidentemente le corresponde a la Fuerza Pública. Nosotros colaboramos por un tema de disuasión, pero se requiere generar estos espacios de control territorial para que no se generen tantos homicidios”, añadió el jefe policial.
Prisión preventiva
De acuerdo con Zúñiga, pese a que la Asamblea Legislativa ha aprobado varias leyes y modificaciones para endurecer la legislación, el cambio de normas no tiene un efecto inmediato sobre la crisis de inseguridad que afronta el país, la cual ha cobrado la vida de más de 4.450 ciudadanos desde 2019.
“No existe ninguna ley mágica. Si hubiera una ley mágica, en todos lados se aplicaría. En todos los países donde exista un Estado de Derecho reconocido y respetado. A corto plazo, lo que va a generar una disminución de criminalidad y un repunte de seguridad es eso. Esto se demuestra con la prisión preventiva”, expresó.
Por casi dos años, en la corriente legislativa ha circulado un proyecto de ley para reestructurar esta medida cautelar, con el fin de evitar la liberación de sospechosos en el tiempo entre su arresto y un eventual juicio.
El director del OIJ detalló que los agentes detuvieron y enviaron a prisión a 543 personas en 2020. Luego, en 2023, en medio de la mayor crisis, arrestaron a otros 644 sujetos por delitos de homicidio y narcomenudeo, así como a miembros de grupos criminales y bandas organizadas.
Para el año anterior, consiguieron mejorar aún más la cifra y capturaron a más de mil sospechosos vinculados a estos crímenes. No obstante, la situación no se va a revertir si no se refuerza la prevención de estos actos.
“Eso no ha generado el impacto que se quisiera ver. Aunque existiera una modificación a la prisión preventiva, siempre se va a generar una situación de delitos. Aquí lo que hay que apostar es porque no haya delitos: tener ese personal en la calle para que puedan hacer ese control territorial que es tan necesario”, añadió Zúñiga.
El problema es que, aunque la Fuerza Pública realiza patrullajes y operativos, la mayoría de oficiales están en horarios distintos a los momentos cuando más ocurren los homicidios y por eso no se consigue un control territorial efectivo.
“En algunos lugares hay presencia policial, pero llega hasta las 12 de la noche o similar, y ya a partir de esa hora (ocurren los delitos). Los delincuentes van midiendo muy bien la actuación policial, ya saben que a cierta hora no hay más policías y van y cometen un delito, en este caso homicidios”, expresó el director del Organismo.
En los ejercicios operativos que ha hecho el OIJ, tomar el control territorial va desde realizar allanamientos planificados hasta controles de carretera que resultan efectivos para localizar a personas que tienen deudas con la justicia, sacar de circulación a vehículos irregulares y detectar personas con gran cantidad de antecedentes.
“¿Qué es lo que hace el OIJ en esos controles territoriales? Parar vehículos, determinar si hay carros con placas que no corresponden, con personal de Tránsito que no es de la zona, sino que proviene de San José y nos apoya en los operativos policiales para determinar que van con todo en regla, bajan las placas o decomisan las motocicletas. Aparte de eso, se hace una consulta general a todas las personas que pasan por los diferentes lugares donde están los retenes del OIJ. Ahí se han encontrado personas con órdenes de captura”, manifestó el jefe policial.
Una de las claves del control territorial es también debilitar a las bandas y líderes criminales. Por ejemplo, el operativo Caribe 2.0 llevado a cabo en Batán a inicios de año, permitió sacar de su región de influencia a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan” o “Perro”, un peligroso cabecilla que dirige una estructura criminal en Batán, dedicada a la venta de drogas, la cual está ligada a varios ataques contra autoridades policiales y judiciales, además de asesinatos, como el triple homicidio en el cual murió Ian, un pequeño niño que trató de defender a su madre durante un ataque armado.
Aunque el OIJ sigue tras su pista, esta táctica recientemente dio frutos más exitosos. Hace poco más de un mes, así fue como el OIJ logró rastrear al principal aliado de alias “Tan”.
Se trata de Eddy Alonso Martínez Angulo, alias “Ailon” o “I-Lon”, quien había huido del Caribe y finalmente fue arrestado dentro de una vivienda en Tuetal de Alajuela, gracias a ese gran despliegue operativo.
“Lo que genera es una diáspora, que el grupo criminal y sus cabecillas tengan que salir de una zona donde están confiados, donde están blindados y, de alguna forma, en un estado de confort. De alguna forma, los obliga a que se vayan a otros lugares. Todo esto genera un efecto positivo porque, de alguna forma, los debilita en otras zonas donde no tienen tanta influencia y tanta compra de conciencias para que no sea revelado el lugar donde se encuentran”, concluyó Zúñiga.
Costa Rica ya sufre 186 asesinatos en este 2025, que se concentran principalmente en San José, Limón y Puntarenas. El 80% se cometieron con arma de fuego, 68 casos fueron motivados por ajustes de cuentas y 94 siguen bajo investigación.
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Source
José Adelio Murillo
